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Cuba amplía el acceso a Internet, pero bajo un ojo muy cauteloso

Todos los cubanos pueden ahora tener Wi-Fi en sus hogares, ya que el gobierno de la isla amplía el acceso a Internet mientras trata de mantener el control sobre su versión de la «verdad» y defender su legitimidad, dijo un alto funcionario a AFP.

«Los cubanos apoyan y defienden la revolución en todos los ámbitos, tanto en el mundo real como en el virtual», dijo Ernesto Rodríguez Hernández, Viceministro de Comunicaciones, en una entrevista.

Para él, Internet y los medios sociales son herramientas para «posicionar la verdad de Cuba, no para manipular las cosas», dándoles un papel clave en las batallas políticas e ideológicas que se libran en un momento de fuertes tensiones diplomáticas con Estados Unidos.

El sector de las telecomunicaciones en Cuba -que una vez fue uno de los países menos conectados del mundo- sin duda ha cambiado más que ningún otro en el último año.

Desde diciembre, cuando los teléfonos móviles obtuvieron conectividad 3G, una activa comunidad en línea ha surgido en las redes sociales, a menudo cuestionando al gobierno sobre los desafíos de la vida diaria en la isla.

Desde el 22 de julio, los cubanos han podido importar enrutadores, registrar sus equipos y crear redes Wi-Fi privadas conectadas a señales del operador controlado por el estado Etecsa. Los cubanos ya no tienen que ir a sitios públicos centralizados para conectarse.

«El objetivo del país es proporcionar cada vez más acceso a Internet a toda la población», dijo el viceministro.

PRECIOS DEL ACERO
Pero los requisitos técnicos establecidos por la nueva legislación parecen poner fin a las redes informales creadas en los últimos años por grupos de residentes. Tal control es el «derecho soberano» del Estado cubano, dice el Sr. Hernández.

Y conectarse no es barato – US$1 (S$1.37) por hora, una cantidad exorbitante en un país donde el salario mensual promedio es de US$50. La tarifa 3G más baja es de US$7 por 600MB.

Durante semanas, cientos de cubanos han estado haciendo campaña en los medios sociales bajo el hashtag #Bajenlospreciosdeinternet (#Baja el precio de Internet).

Desde la llegada de la Wi-Fi en 2013, «el coste del acceso a Internet se ha multiplicado por cuatro», afirma el viceministro, añadiendo que «seguirá bajando» a medida que mejore la infraestructura de comunicaciones.

En este país de 11,2 millones de habitantes, se han instalado 1.400 puntos de acceso Wi-Fi, 80.000 hogares tienen acceso a Internet y 2,5 millones de cubanos tienen conectividad 3G.

Pero el gobierno comunista avanza con cautela.

«La tecnología no es apolítica, como algunos tratan de presentarla», dijo el Sr. Hernández, sino que «es manipulada y utilizada».

Argumentando la necesidad de «educar» a la población, añadió: «No sirve de nada dar servicio de Internet a los que no saben…. cómo distinguir entre lo que es útil y lo que es perjudicial; no todo en Internet es bueno».

PROTEGER’ CUBA
Una serie de decretos y medidas publicados a principios de julio en el Diario Oficial de la isla reclaman un «uso responsable por parte de los ciudadanos», así como «la defensa política y la ciberseguridad frente a amenazas, ataques y riesgos de todo tipo».

El mensaje es claro: Internet debe ser un «instrumento para la defensa de la revolución», según las normas que debe aplicar el Ministerio de Comunicaciones con la ayuda de las «fuerzas armadas revolucionarias y el Ministerio del Interior».

En resumen, Internet seguirá siendo objeto de un estrecho seguimiento por parte de las autoridades, como lo ha sido desde el principio.

Sólo un pequeño porcentaje de la población cubana puede acceder a la Internet global, a diferencia de la Internet nacional controlada por el gobierno, según la organización no gubernamental Freedom House. Los blogs y sitios web que critican al gobierno son frecuentemente bloqueados.

El Sr. Hernández defendió esa práctica con normalidad.

«No compartimos los sitios de Internet que pueden fomentar la discriminación o tratar temas que van en contra de la moralidad, la ética y el comportamiento responsable», dijo. «Es un derecho de todo Estado proteger a su pueblo y a su sociedad de prácticas de ese tipo, y creo que todos los países del mundo lo hacen».

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