La Ley Mordaza antes de la Ley Mordaza

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Yolanda Álvarez, Jesús Cintora, RTVE, Cuatro

Son dos hechos aparentemente inconexos. Dos actos puros y duros de censura informativa. Dos decisiones que sacudieron a la profesión periodística de este país la semana pasada y que han acabado silenciando dos voces molestas. Que esto haya ocurrido antes de que el Gobierno diera carta de naturaleza a la Ley Mordaza y justo a dos meses de una importante cita electoral es, sobre todo, un aviso a navegantes de los peligros que están por venir. Y, posiblemente también, una evidencia más de que, en palabras robadas a Antonio Muñoz Molina, todo lo que parecía solido ya no lo es tanto.

El martes, 24 de marzo, Yolanda Álvarez comunicaba vía Twitter que RTVE la apartaba de su puesto de trabajo como corresponsal en Jerusalén y Oriente Medio. Lo que parecía un simple relevo no lo era tanto. Unas pocas horas después, el viernes concretamente, corrió como la pólvora en las redes sociales la decisión de Mediaset de relevar de su responsabilidad al frente de Las mañanas de Cuatro al periodista Jesús Cintora.

Son, ya digo, dos decisiones empresariales que afectan a dos conocidos periodistas que, en principio, nada tienen aparentemente que ver entre sí. En un caso (Yolanda), afecta a una empresa pública, en el otro (Cintora) a una privada, pero, sumados y puestos uno al lado del otro, puede que expliquen parte de lo que está pasando y mucho de lo que está en juego en este país, y nos dibujan un peligroso mapa donde las conexiones entre los poderosos grupos de comunicación y los tentáculos del Gobierno son cada vez más estrechos y, a la vista de los hechos, también más indecentes. La lista de bajas silenciadas es larga, tristemente muy larga.

En el primer caso, el de Yolanda, todo apunta a que RTVE ha esperado a que se calmasen las aguas después de las protestas nada diplomáticas del Gobierno de Israel pidiendo su cabeza y alegando un supuesto sesgo propalestino de la periodista en sus informaciones del conflicto israelo-palestino. Un detalle que ejemplifica la gravedad de la decisión y las más que probable servidumbre del gobierno español y de RTVE a los intereses israelíes es que el diputado y portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso, Agustín Conde, no tuviese el mínimo empacho en celebrar públicamente su cese con este tuit: “Por fin”, dijo Conde en su cuenta de esta red social, “TVE cesa a su corresponsal en Jerusalén, que parecía una activista de Hamas en contra de Israel”. El tuit de este portavoz del PP deja claro sin decirlo, que es la manera más vergonzante de expresar una opinión, lo que piensan él y su partido de esta periodista y de la televisión pública: RTVE solo debe(ría) ser portavoz del PP y sus periodistas, y los que aún quedan y que no han sido depurados deberían tener esto muy claro.

En el caso de Cintora, los actos y los actores son más próximos. Simple y llanamente, su apuesta informativa por dar visibilidad a líderes de Podemos le habría costado el puesto. En cierta manera lo reconoce la propia empresa a la hora de malexplicar la decisión, aludiendo a una supuesta falta de objetividad del periodista, como si a estas alturas fuese posible, sin sonrojarse antes, hablar de objetividad en la profesión periodística, una expresión tan maniquea como absurda. Uno, cansado de estas gaitas, hace mucho que renegó de este palabro y prefiere el uso de términos tales como ‘independencia’, ‘honestidad’ o ‘profesionalidad’.

Que ambas decisiones hayan sucedido apenas unas horas antes de que el Gobierno haya dado luz ver a la Ley Mordaza, no sólo es un síntoma de dónde estamos. También, y más grave aún, de lo mucho que hay en juego. A la presión insoportable que ejercen hoy en día muchas de las empresas periodísticas (públicas y privadas, casi por igual) con sus trabajadores-periodistas, consecuencia en parte, pero no solo, de la precariedad y del colapso económico de las propias empresas, se van a unir ahora las presiones que la referida Ley Mordaza pone en manos de la Policía y de los jueces para hacer que la libertad de expresión y la protesta ciudadana tenga que ser “civilizada”. Y ya sabemos lo que significa y lo que trae tras de sí la palabra ‘civilizada’ en boca de mucha de la gente del partido que hoy gobiernan la mayoría de las instituciones de este país.

Enrique Pérez, un dibujante humorístico de Alicante que publica desde hace cuarenta y dos años sus viñetas en el diario local Información, dijo el viernes último al recibir el IX Premio Adrián López que la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas de la ciudad de Alicante viene haciendo entrega a personas e instituciones que se han caracterizado por su defensa de los valores de ciudadanía, que nunca pensó que lo suyo y de la gente como él, “hacer dibujos”, iba a ser “una profesión de riesgo”. Ya sabemos lo que piensan algunos, qué hacen y cómo actúan (Charlie Hebdo) contra “esos dibujantes” valientes que se atreven a traspasar ciertos límites. Contra Yolanda Álvarez y Jesús Cintora no han hecho falta balas, afortunadamente, para silenciarles, pero la consecuencia desde el punto de vista de la libertad de información que recoge la Constitución es parecida.

Ellos dos son las últimas víctimas mediáticas de esta forma de proceder que nos recuerda que la libertad de expresión, aquí, en este país, ya estaba en peligro antes incluso de que se aprobase la Ley Mordaza, una ley, esta sí, que justifica y resume como pocas toda una legislatura plagada de recortes de derechos y de libertades y cuyo objetivo último no es otro que hacer posible el gobierno del miedo. Miedo a la información libre, sí, por supuesto, pero no solo a ella.

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