A propósito de Abel

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profesor asesinado

Parece que fue ayer. Van pasando los días y nos acostumbramos a la idea de que en nuestro país, en un lugar de trabajo normal y corriente, es decir, en un instituto, un compañero de profesión, Abel, muriese a manos de un menor armado que acudió al centro con la intención de hacer una escabechina. Lo consiguió, ya que, aparte de matar al profesor que salió de su aula con la intención de ayudar, hirió a varias personas más, tanto adultas como menores.

En este mismo medio han aparecido dos estupendos artículos incidiendo en lo que a todos nos llenó de indignación desde el primer momento: el olvido terrible de la víctima por parte de los medios, el desprecio de los mandamases de la enseñanza, tanto a nivel nacional como autonómico, y las prisas por pasar la página del tremendo episodio con diagnósticos televisivos acelerados y sin rigor alguno, que se esforzaban en restar importancia al suceso acentuando un presunto carácter imprevisible y aislado.

Por eso no voy a reiterar argumentos y, haciendo un esfuerzo que ya es posible por el tiempo transcurrido, trataré de encontrar explicación, no al hecho en sí, ya que me niego a la peligrosa práctica de jugar a los psicólogos —práctica excesivamente reiterada tanto por algunos que no saben nada del tema pero opinan de todo como por algunos psicólogos, presentados como expertos, que no se pueden resistir a diagnosticar a distancia y a toda prisa en cuanto les ponen una cámara o un micrófono delante, poniendo así en evidencia a toda su profesión—, sino a la reacción de los responsables políticos de la institución en la que se produjo el crimen.

Y creo que la clave hay que buscarla precisamente en lo que dicen defender con una postura que acaba siendo insultante, a fuerza de insistir en su fingida empatía con el autor de los hechos y a costa de un olvido agresivo de las víctimas y de todos cuantos nos jugamos los cuartos a diario con menores, obligados por la ley a permanecer durante muchas horas y muchos años encerrados en instituciones que estaban pensadas para otra cosa.

El menor en cuestión no es un chico abandonado, sino que tiene familia, adultos que han de hacerse responsables del vástago. Según lo que dicen los medios, estaba en manos también de algún profesional de la psicología, se entiende que también adulto y responsable. Un profesional que cobra por su trabajo. No obstante, numerosos tertulianos convenientemente remunerados lanzaron desde el primer minuto la pregunta que todos deseaban oír: ¿qué pasaba en el instituto, que nadie se dio cuenta de lo que estaba por llegar? Oigan, ¿no será más lógico preguntar a quienes se ocupaban directamente del chico?, ¿a quienes eran conscientes de sus problemas y tienen como primera responsabilidad o incluso como profesión ocuparse de él?

El hecho de que los responsables políticos, y la primera la señora Rigau, consellera de Educación del Gobierno catalán, cierren filas en la defensa del menor autor de los hechos ya debería hacernos sospechar. Muchos, entrando al trapo como morlacos, han cuestionado, como otras veces, la ley del menor, mientras que otra línea de pensamiento cerraba filas con ella. Y así, la trampa tendida surtía efecto.

No, señores. Lo que está realmente en cuestión no son las leyes ni las políticas en defensa del menor. Está en cuestión si el menor sólo debe ser defendido cuando ha cometido una barbaridad, pero no antes, y si no es triste que unas leyes bienintencionadas y tal vez un tanto descerebradas puedan, a base de incuria y falta de medios, convertirse en lo contrario de lo que supuestamente pretenden. Lo que hay que cuestionar seriamente es si la mezcla de la obligatoriedad de la enseñanza hasta los dieciséis años y la ley de protección del menor no está teniendo consecuencias perversas, como que muchos menores vivan en riesgo de padecer la violencia de otros menores que parecen monopolizar la protección de la Administración.

Si no ponemos los medios para prevenir, para atender debidamente a los menores con trastornos, para exigir una conducta civilizada mucho más allá del eufemismo lamentable de la “convivencia”, utilizado por Wert el día del crimen, que a tantos proporciona entretenimiento, buena conciencia y liberación de horas, estaremos jugando con fuego. Intentando solucionar problemas graves con aspirinas, tratando de librarnos del tigre con buenas intenciones y palabras bonitas. Esto es, con hipocresía. Si para cualquiera el encierro puede ser un castigo difícil de aguantar, para algunos menores con trastornos varios es una condena sin remedio que no encuentra respuesta en una Administración despreocupada.

No, señores. No son los videojuegos. Es el abandono real y cotidiano, es la dejadez de una Administración incapaz que, con la cobarde connivencia de muchos, prefiere tratar el desastre como un caso aislado antes que analizar las situaciones cotidianas de riesgo a las que somete a sus trabajadores y a los demás menores, que han de compartir espacios obligados con quienes deberían tener otras respuestas, adecuadas a su idiosincrasia no elegida.

Y esto es todo. Seguiremos igual y los lamentos volverán a sacudirnos. Pero, mientras, procuraremos vivir como si no pasara nada. Como si decir la verdad en voz alta fuera el crimen y no su ocultación siempre cómoda, un tanto cobarde y con riesgos tanto para la salud como para el futuro de quienes trabajamos ahí, pero muy especialmente para los propios menores.

Y la señora Rigau y los suyos seguirán diciendo que la verdadera víctima es el que mata, no el asesinado. Por Dios, qué cruz…

Borja Contreras

Comentarista y observador curioso de una realidad que aúna lo trágico con lo cómico para cualquiera sensible al absurdo. Nuestra realidad.

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